Contratos bajo sospecha: el juez Lijo puso la lupa sobre el entorno de Adorni y los vínculos empresariales de su esposa

La maquinaria judicial comenzó a moverse y volvió a encender una señal de alerta dentro del Gobierno. El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para investigar posibles irregularidades en contrataciones estatales que podrían involucrar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de los negocios de su esposa, Bettina Angeletti. La causa, que cuenta con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien apuntó a un presunto esquema de direccionamiento en licitaciones vinculadas a servicios tecnológicos y de comunicación.

Detrás del expediente asoma una hipótesis que incomoda al oficialismo: que el Estado haya sido utilizado como plataforma para favorecer a determinados proveedores, en un entramado donde los límites entre lo público y lo privado aparecen cada vez más difusos. Uno de los ejes centrales de la investigación gira en torno a una contratación por más de $3.650 millones adjudicada a la empresa ATX S.A. para servicios de mensajería masiva. La denuncia advierte que las firmas que participaron del proceso -ATX, Area Tech y Movilgate- podrían no haber competido realmente entre sí. Es decir, habrían sido elegidas a dedo. 

Los indicios que menciona el expediente son, cuanto menos, sugestivos: vínculos laborales previos entre directivos, domicilios compartidos y relaciones societarias cruzadas. En ese contexto, la sospecha de una "competencia simulada" deja de ser una especulación para convertirse en una línea de investigación concreta. A esto se suma otro dato sensible: el presunto aumento en el costo del servicio, donde el precio del SMS habría pasado de USD 0,045 a USD 0,076. La diferencia, en contratos de esta magnitud, abre interrogantes sobre posibles sobreprecios y el impacto directo en las arcas públicas.

La lupa judicial también se posa sobre la concesión del predio de Tecnópolis por un período de 25 años. El proceso, valuado en más de $183 millones, quedó bajo análisis por el rol de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete. Si se comprobara que empresas vinculadas al entorno de Adorni participaron o se beneficiaron del proceso, el conflicto de interés sería difícil de disimular. Otro capítulo clave de la denuncia apunta a la consultora +Be, propiedad de Angeletti. Según la presentación, la firma tendría vínculos comerciales con compañías que mantienen contratos relevantes con el Estado.

Entre ellas figuran Datco, Foggia Group y National Shipping. La preocupación judicial radica en determinar si estas relaciones pudieron traducirse en beneficios indirectos o trato preferencial en adjudicaciones públicas. La situación adquiere mayor gravedad si se considera que Adorni fue designado como director en YPF en representación estatal, lo que amplía el alcance de posibles incompatibilidades. El fiscal Stornelli solicitó una serie de medidas preliminares que incluyen pedidos de información a la Inspección General de Justicia, la Oficina Nacional de Contrataciones y distintos organismos públicos. 

El objetivo es reconstruir el mapa societario de las empresas involucradas y detectar posibles vínculos con funcionarios. La sospecha radica en que las licitaciones públicas podrían haber sido manipuladas mediante estructuras empresariales que simulaban competencia mientras operan coordinadamente. Por ahora, la causa se encuentra en una etapa inicial y no hay imputaciones formales. Pero el avance de las medidas ordenadas por Lijo marca un cambio de ritmo en la investigación y coloca al Gobierno frente a un nuevo foco de desgaste. En paralelo, Adorni enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito.