¿Transparencia? ¡Afuera!
02 Abril de 2026 09:33
El escándalo por los créditos otorgados por el Banco Nación suma nuevos capítulos y profundiza una trama que combina poder político, vínculos familiares y decisiones financieras difíciles de justificar. En el centro de la polémica aparece ahora Federico Sharif Menem, de apenas 24 años, sobrino de Martín y "Lule" Menem, quien accedió a un préstamo de 357 millones de pesos pese a haber tenido su primer trabajo formal recién en 2024.
El joven, que ingresó al Congreso como secretario y hombre de máxima confianza de su tío -presidente de la Cámara de Diputados-, no sólo maneja áreas sensibles como las contrataciones, sino que además lidera la juventud libertaria por decisión directa de Karina Milei. Con un salario inicial cercano a los dos millones de pesos, su acceso a un crédito de semejante magnitud despierta interrogantes inevitables sobre los criterios de evaluación del banco estatal.
El caso no es aislado. Por el contrario, se inscribe en una serie de otorgamientos que benefician a funcionarios, legisladores y allegados al oficialismo en condiciones que, en muchos casos, parecen desbordar cualquier parámetro bancario tradicional. Según distintas investigaciones, incluso un dirigente libertario de Córdoba logró un préstamo que superaba en 52 veces su capacidad crediticia: podía aspirar a menos de cinco millones de pesos, pero recibió 250 millones.
La lista sigue creciendo. Funcionarios cercanos al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, como Felipe Núñez -director del BICE-, accedieron a créditos de hasta 475 millones de pesos a pocos meses de ingresar a la función pública y con patrimonios declarados muy por debajo de esos montos. Núñez, que en 2024 registraba bienes por menos de 20 millones de pesos, obtuvo financiamiento que multiplica varias veces su capacidad económica.
En la misma línea aparece el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien consiguió préstamos por más de 460 millones de pesos entre el Banco Nación y el Banco Ciudad. Paradójicamente, el propio Furiase aseguró públicamente que "no cree que la gente esté peor" y que "a mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo", en un contexto de caída del salario real y restricciones crecientes al crédito para la mayoría de la población.
El contraste es evidente. Mientras el Gobierno impulsa un discurso de austeridad, recorte del gasto público y demonización del Estado, varios de sus funcionarios, tuiteros afines y legisladores recurren sin reparos a la banca estatal para financiar la compra de viviendas o justificar incrementos patrimoniales difíciles de explicar. El caso de Juan Pablo Carreira -conocido en redes como "Juan Doe"-, Santiago Santurio, Mariano Campero o Alejandro Bongiovanni refuerza la tendencia: todos accedieron a créditos millonarios del Nación durante la actual gestión, bajo condiciones que hoy están bajo la lupa.
A este entramado se suma otro elemento aún más delicado: los vínculos entre la familia Menem y contratos con el propio Banco Nación. En los últimos días se conoció la preadjudicación de una licitación por más de 3.900 millones de pesos a Tech Security, empresa vinculada a los hermanos del presidente de Diputados. La superposición entre negocios privados, decisiones públicas y beneficios financieros alimenta sospechas de un esquema de privilegios difícil de disimular.
El trasfondo político tampoco pasa inadvertido. Muchos de los beneficiarios son figuras activas en la defensa mediática del Gobierno, especialmente en redes sociales, donde suelen sostener un discurso radical contra el Estado, al que califican de ineficiente y parasitario. Sin embargo, cuando se trata de acceder a financiamiento en condiciones favorables, la banca pública parece convertirse en una herramienta indispensable. Las denuncias también apuntan a la gestión del ex titular del Banco Nación, Daniel Tillard, bajo cuya conducción se otorgaron la mayoría de estos créditos. Sobrevuela la sospecha de que existieron criterios discrecionales o preferencias políticas en la asignación de los préstamos, en un contexto donde el acceso al crédito para ciudadanos comunes se volvió cada vez más restrictivo.
