Afecta su vida política y partidaria
25 Junio de 2025 10:04
En el departamento de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Monserrat, Cristina Fernández de Kirchner cumple desde hace una semana la prisión domiciliaria dictada en el marco de la causa "Vialidad". Pero el encierro físico no es el único que denuncia su defensa. Según sus abogados, también se le busca imponer un encierro político, al exigirle que toda visita por fuera de su entorno más cercano deba ser autorizada expresamente por el Tribunal Oral Federal 2, previa justificación y canalización formal. La defensa encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy advirtió que esta modalidad restringe "sus derechos políticos y partidarios".
De acuerdo con los letrados, esto supedita la "interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa". Y fue más allá: calificaron la situación como un "desgaste jurisdiccional", en medio de una ofensiva judicial que, aseguran, excede lo establecido legalmente para quienes cumplen arresto domiciliario. "La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario", sostuvieron.
Además, los abogados remarcaron que la única obligación es acatar la restricción ambulatoria. "Tal potestad complementaria no está expresamente prevista en ninguna disposición legal o reglamentaria", señalaron en el escrito elevado a la Cámara de Casación. El conflicto se volvió visible esta semana cuando el abogado Gregorio Dalbón -que representa a Cristina en causas civiles- publicó en la red social X (ex Twitter) el correo institucional del Tribunal Oral Federal 2 y animó a los ciudadanos a solicitar visitas. "Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa", escribió en tono irónico.
El resultado fue inmediato: 702 correos electrónicos colapsaron la bandeja de entrada del tribunal, todos solicitando visitar a la ex presidenta. Según fuentes judiciales, la situación fue interpretada como una maniobra de presión política y un intento de entorpecer el trabajo de la Justicia. El juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, respondió derivando los 702 pedidos al equipo de abogados de Cristina Kirchner y recordó que es su defensa la que debe canalizar oficialmente las solicitudes.
Solo pueden ingresar sin autorización previa quienes estén en un listado restringido de familiares, abogados, custodios y médicos, el cual ya fue entregado al tribunal en formato digital con pedido de confidencialidad. Frente a la negativa del tribunal a modificar el régimen de visitas, los abogados decidieron apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá resolver si corresponde o no mantener esta restricción adicional.
La decisión está en manos de la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que confirmaron la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en diciembre pasado. Los magistrados del TOF 2 ya dejaron clara su postura: "La parte exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta establecidas el pasado 17 de junio, mas no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados", escribieron en su resolución, además de señalar que el planteo de la defensa fue presentado fuera de plazo.
Desde el entorno de la ex mandataria interpretan estas decisiones como un intento de aislamiento político. "Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley", recordaron los abogados, y apuntaron contra lo que consideran una "potestad discrecional" de los jueces para imponer medidas no previstas. En el fondo, lo que está en disputa no es solo el régimen de visitas, sino el rol político que Cristina Fernández de Kirchner puede (o no puede) ejercer desde su detención. En pleno año electoral, y cuando su figura continúa siendo central en el tablero político, las restricciones que le impiden reunirse libremente con dirigentes, referentes partidarios o incluso asesores, se sienten -según su defensa- como una condena adicional, más allá de la letra de la ley.
