De qué se trata y qué es el "Súper RIGI": sentencia de muerte para la industria nacional

El Gobierno nacional envió al Congreso un polémico proyecto de ley denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) que será tratado con el correr de las horas. Según el mismísimo gobierno de Javier Milei, esta iniciativa busca atraer grandes inversiones extranjeras, especialmente en sectores de vanguardia tecnológica como inteligencia artificial, biotecnología avanzada, producción de semiconductores, baterías de litio, vehículos eléctricos y paneles solares. 

Sin embargo, hay algo escondido detrás: el Súper RIGI  es un imán para las multinacionales y una sentencia de ruina para la industria y el empleo nacional.

El proyecto establece beneficios fiscales y aduaneros sin precedentes para las empresas extranjeras que decidan invertir en el país. Entre las principales medidas destacan:

1. Reducción impositiva. La alícuota del Impuesto a las Ganancias se fija en un 15% y los dividendos tendrán una tasa del 7%, que se reduce al 3,5% tras cuatro años de permanencia. Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura y la deducción ilimitada de quebrantos.
2. Exenciones aduaneras. Los bienes de capital necesarios para las inversiones estarán exentos de derechos de importación, y los productos resultantes no pagarán derechos de exportación.
3. Flexibilidad cambiaria. Se elimina la obligación de liquidar divisas provenientes de financiamientos externos y se otorga libre disponibilidad progresiva de dólares generados por exportaciones.
4. Blindaje legal. El Estado de Milei garantiza estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por 30 años. Además, las empresas tendrán acceso a tribunales internacionales como el CIADI en caso de disputas con el Estado, lo que pone en jaque la soberanía jurídica del país.
5. Eliminación de requisitos para proveedores locales. A diferencia del RIGI original, el "Súper RIGI" no exige a las empresas contratar un porcentaje mínimo de proveedores locales, permitiéndoles importar toda su cadena de valor desde el exterior.

Para acceder al régimen, las empresas deberán realizar una inversión mínima de 1.000 millones de dólares por proyecto y ejecutar al menos el 20% durante los primeros dos años. Asimismo, deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una figura jurídica destinada exclusivamente a la actividad promovida.

El diseño del Súper RIGI parece hecho a medida para atraer a gigantes tecnológicos como los radicados en Silicon Valley y, en este punto no es casualidad que figuras como Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, hayan mostrado interés en el país tras reuniones con funcionarios del gobierno. Incluso Elon Musk, magnate detrás de Tesla y SpaceX, se encontró -aunque fugazmente- con el presidente durante su primer año de gestión.

Sin embargo, mientras estas corporaciones reciben incentivos fiscales y aduaneros extraordinarios para instalar sus datacenters y fábricas tecnológicas en el país, la industria nacional enfrenta una crisis sin precedentes. Las pequeñas y medianas empresas (PyMes), que generan más del 70% del empleo formal en Argentina, luchan por sobrevivir en un contexto de alta presión tributaria, inflación descontrolada y falta de acceso al crédito.

La asimetría es evidente: mientras las multinacionales gozan de exenciones fiscales y aduaneras, las pymes deben cargar con el peso del sistema tributario. Es que el Súper RIGI también les asegura un marco legal favorable durante tres décadas con blindajes que  incluyen cláusulas que protegen a las empresas contra cambios normativos futuros y les permite demandar al Estado argentino en tribunales internacionales si consideran que sus intereses han sido vulnerados.

Además, la eliminación del requisito del 20% de proveedores locales es otro golpe directo a la industria argentina al permitir que las multinacionales importen toda su cadena de valor desde el exterior sin aranceles lo que reduce drásticamente la posibilidad de generar empleo en Argentina y para argentinos. Ahora, la discusión está en manos del Congreso.