En sábanas, seguro
Mientras exige sacrificios a jubilados, trabajadores, universidades y provincias bajo el argumento de la austeridad fiscal, la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, más que duplicó en un año una de las cajas de gastos más sensibles de la Casa Rosada y se niega a revelar cómo se utiliza. Los números surgen de documentación oficial.
A través de la Resolución 35/2026, firmada por la propia Karina Milei el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero, el Fondo Rotatorio de la Secretaría General quedó fijado en $1.135.112.226,90. La cifra representa un salto extraordinario respecto del año anterior, cuando el mismo fondo había sido establecido en $471.581.570,04. En términos concretos, la caja aumentó casi $664 millones en apenas doce meses. El crecimiento equivale a aproximadamente un 141%, multiplicando por 2,4 los recursos disponibles para gastos operativos de manejo flexible dentro de la Presidencia.
La misma resolución habilitó además gastos individuales de hasta $50 millones por operación y dejó fuera de ese límite tres rubros particularmente sensibles: servicios básicos, gastos vinculados a viajes presidenciales y débitos por embargos. Se trata del denominado Fondo Rotatorio, una herramienta administrativa utilizada para afrontar pagos operativos, viáticos, servicios, bienes de consumo y otros desembolsos que funcionan bajo un esquema de ejecución más ágil que el gasto público tradicional. Sin embargo, el problema no está únicamente en el crecimiento de los recursos asignados, sino en la falta de información sobre su utilización.
Ante un pedido formal de acceso a la información pública, la Secretaría General reconoció la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos dentro de la plataforma "Corporativa Nación". Lo que no informó fue aquello que precisamente se había solicitado: los consumos realizados, los comercios donde se efectuaron los gastos, los montos involucrados, los proveedores, las rendiciones correspondientes, los comprobantes, las autorizaciones y los expedientes administrativos asociados. En otras palabras, el Gobierno mostró las tarjetas, pero ocultó los gastos.
La documentación oficial revela además que entre los titulares o usuarios vinculados al sistema aparecen algunos de los nombres más influyentes del esquema de poder libertario. Karina Elizabeth Milei figura asociada a una tarjeta corporativa recargable terminada en 8888 bajo la órbita de la Secretaría General Privada. La vicepresidenta Victoria Villarruel aparece vinculada a dos tarjetas diferentes dentro del propio Fondo Rotatorio: una correspondiente al rubro "Viáticos y Eventuales" y otra bajo el concepto de "Anticipos".
También figura Eduardo "Lule" Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y hombre de máxima confianza de Karina Milei, quien aparece asociado a una tarjeta recargable y además como administrador de un centro de costo dentro de la plataforma. La nómina incluye además a Santiago Oría, director de Realización Audiovisual y una de las figuras más cercanas al aparato comunicacional del Presidente. Los documentos permiten reconstruir parte de la arquitectura administrativa del sistema, pero dejan en la oscuridad el aspecto más importante: qué se hizo efectivamente con esos recursos.
El capítulo más delicado aparece en el propio corazón del Fondo Rotatorio. Allí figuran ocho tarjetas recargables y las tres únicas tarjetas corporativas de crédito vigentes informadas por Presidencia. Entre los titulares aparecen funcionarios que además ocupan cargos directamente relacionados con la administración del propio fondo. Gabriela Carla Winnik, responsable formal del Fondo Rotatorio según la Resolución 35/2026, figura como titular de una de las tarjetas corporativas de crédito. Marcelo Nicolás Luque Mariño, designado subresponsable del mismo fondo, también posee una tarjeta corporativa de crédito y una tarjeta recargable asociada al sistema.
María Elisa Del Malvar completa el esquema: aparece con tarjeta de crédito, tarjeta recargable y además con perfil de "Administrador Raíz", el máximo nivel de control dentro de la plataforma. La situación genera interrogantes evidentes. Quienes administran la caja son, al mismo tiempo, actores centrales dentro del sistema de tarjetas asociadas a esa misma estructura. Pero ninguna documentación pública permite conocer cuánto gastaron, qué compraron, quién autorizó cada operación ni cómo fueron rendidos esos movimientos. La opacidad resulta aún más llamativa porque la propia Presidencia entregó documentación que demuestra que esos datos existen.
El convenio suscripto con el Banco Nación para la utilización de las tarjetas corporativas establece que la plataforma permite acceder en tiempo real a consumos, movimientos, transferencias, identificación de comercios, reportes y liquidaciones. Es decir, la trazabilidad de cada gasto está disponible. La información puede reconstruirse. Sin embargo, no fue entregada. La contradicción se vuelve más evidente al analizar el propio instructivo interno de la Casa Rosada.
Ese documento establece que los gastos deben realizarse mediante tarjetas corporativas, exige comprobantes válidos, justificaciones administrativas, firmas digitales y la apertura de expedientes electrónicos GDE para cada rendición. La normativa interna también dispone que cada gasto debe quedar respaldado por documentación específica, incluyendo resúmenes de cuenta, comprobantes digitalizados e informes de la unidad solicitante.
Por eso, la ausencia de esos documentos en la respuesta oficial resulta especialmente significativa. Si hubo gastos, deberían existir rendiciones. Y si no hubo gastos, deberían existir igualmente resúmenes de cuenta que acrediten la inexistencia de movimientos. Presidencia no entregó ninguna de las dos cosas. La controversia suma otro elemento inquietante. La Dirección de Sumarios reconoció que existió una actuación administrativa vinculada a posibles usos indebidos, irregulares o no justificados de tarjetas corporativas. Según la respuesta oficial, el expediente concluyó con una declaración de inexistencia de perjuicio fiscal.
Pero el Gobierno tampoco entregó ese sumario. No informó qué hechos fueron investigados, qué funcionarios estuvieron involucrados, qué montos se analizaron ni cuáles fueron las conclusiones completas de la actuación. De esta manera, que no haya existido perjuicio fiscal no implica necesariamente que no haya existido una irregularidad, una observación administrativa o una situación que requiriera correcciones posteriores. Sin acceso al expediente, resulta imposible verificarlo.
