El mandato del silencio
por Jimena Báez
13 Mayo de 2025 12:43
Desde hace más de una década, el trabajo sexual encontró en internet una nueva forma de ejercicio: redes sociales, plataformas de contenido por suscripción como OnlyFans o Privacy, aplicaciones de mensajería y sitios especializados se convirtieron en espacios de oferta, contacto y venta de contenido sexual. En Argentina, este fenómeno creció de manera explosiva con la pandemia, cuando muchas personas encontraron en el trabajo sexual digital una vía para sobrevivir económicamente en medio del aislamiento. Sin embargo, este crecimiento exponencial no fue acompañado por una legislación clara ni por políticas públicas que protejan a quienes lo ejercen.
"Ser una trabajadora sexual de la virtualidad implica tener un trabajo precarizado con más de dos trabajos en las plataformas virtuales, porque con tener uno solo no alcanza". Con esta afirmación contundente, Rebe, referenta del espacio de Internet del sindicato de AMMAR, inició dialogo con BigBang con un relato que expone la cara más cruda y silenciada de un sector que se multiplica en tiempos de crisis económica, hiperdigitalización y falta de garantías laborales.
En un contexto de inflación sostenida y aumento del costo de vida, muchas personas recurren al trabajo sexual online como única vía de subsistencia. Pero lejos del mito de la "independencia financiera exprés" vendida por redes y medios, la realidad es otra: jornadas laborales de 24 horas, múltiples plataformas, angustia constante por los ingresos y una salud mental desbordada. "Es trabajar durante todo el día y no poder quizás tener tiempo para reunirse dentro del sindicato. Sindicalizarse también está mal visto. Ya de por sí ser trabajadora sexual tiene todo un estigma, es una cuestión de discriminación", explicó la entrevistada.
En el imaginario colectivo se instaló la idea de que subir fotos a OnlyFans o Fansly equivale a una entrada millonaria y sin esfuerzo. Pero quienes están dentro del sistema saben que eso es una construcción mediática ajena a la realidad. "En los medios de comunicación te venden como 'te sacás una foto del pie y te compraste tres casas en la Patagonia'. Es una mentira, es un mito. El trabajo sexual desde la virtualidad lleva muchísimo tiempo", aclaró la activista.
Además de OnlyFans y Fansly, existen otras plataformas en las que las trabajadoras "camean", chatean o producen videos personalizados en función de las fantasías de sus clientes. Cada espacio exige habilidades, tiempos y estrategias distintas, lo que obliga a duplicar o triplicar los esfuerzos: "Ser tu propio jefe implica tener que no estar sindicalizado, tener que estar 24/7 laburando. Implica mucho más tiempo de vida estar en las plataformas virtuales".
Aunque el trabajo sexual no está prohibido en Argentina, todas sus formas son objeto de vigilancia, persecución y criminalización. "Si hacés la calle tenés las contravenciones; si tenés un departamento privado, te puede caer una ley antitrata; y si sos trabajadora sexual de la virtualidad también. Mientras exista la ley antitrata va a criminalizar a todas las trabajadoras sexuales y todas sus modalidades", denuncia la entrevistada. Actualmente, las personas que ejercen trabajo sexual digital lo hacen sin ningún tipo de cobertura legal. No existe una normativa que regule su actividad en plataformas ni mecanismos estatales que protejan su privacidad o seguridad frente al robo de contenido, la difusión no consentida de imágenes, la exposición de datos personales, el acoso o la explotación virtual.
"El acoso que reciben las pibas por parte de los clientes cuando les dicen que van a decirle a todos sus familiares, a su entorno más cercano quiénes son, hay algunas que son madres que las amenazan con decirle a los padres de sus criaturas que ellas ejercen el trabajo sexual, también el robo de su material para revenderlo en otras páginas y también esta cuestión de no tener privacidad, que es algo que no solamente sucede en el trabajo sexual en las creadoras de contenido, las personas que ejercen el trabajo sexual en la virtualidad, sino es todo internet", explica sobre las problemáticas que transitan las mujeres que trabajan vendiendo contenido erótico.
Incluso cuando un grupo de compañeras alquila un espacio común para trabajar, la respuesta estatal suele ser la represión: "También les ha caído la ley antitrata. Así que no hay ninguna diferencia, porque les cae la cuestión punitiva y todo el poder judicial, seas trabajadora sexual callejera, de departamentos privados o digital".
Este marco punitivista deja a las trabajadoras sin derechos laborales, sin obra social, sin licencias por maternidad ni jubilación. Para acceder a un alquiler deben presentar un seguro de caución —ya que no tienen recibos de sueldo—, y muchas veces pagan el doble por su condición. "Nosotras no tenemos acceso a una salud integral", remarcan.
Otra problemática es la dependencia de plataformas privadas que manejan sus propias reglas y algoritmos, muchas veces de manera arbitraria y punitiva. Trabajadoras sexuales digitales denuncian la eliminación de cuentas en redes sociales, la restricción del alcance de sus publicaciones y la pérdida de ingresos por decisiones unilaterales de empresas como Instagram, Twitter o TikTok: "El tema de las censuras y de bloqueo de cuentas en las billeteras virtuales es muy común. Es uno de los problemas que tienen las trabajadoras sexuales que usan la virtualidad, las creadoras de contenido, las que usan las plataformas virtuales para hacer anuncios. Yo creo que sí es un mal común".
La referenta recordó un caso particular que trataron en la organización: "Yo recuerdo que una de las pibas de las reuniones que nosotros hacemos en AMAR, en el sindicato, nos había contado que en una ocasión una de estas billeteras virtuales no les dejaba sacar su dinero y tampoco les dejaba usar su plataforma. Bueno, por esto, por ser creadoras de contenido, por ejercer el trabajo sexual, las pibas se pusieron las pilas ahí, hicieron una especie de huelga, porque estas billeteras, estas grandes empresas de billeteras virtuales sacan todo el trabajo de las trabajadoras sexuales y después las censuran y las bloquean".
Las formas de violencia que transitan las trabajadoras sexuales digitales son múltiples: acoso, robo de contenido, extorsiones, amenazas. Pero cuando intentan recurrir a la Justicia, se encuentran con un aparato que las revictimiza o las descarta: "Desde el vamos, las legislaciones que existen alrededor de la violencia informática están mal hechas, tienen un enfoque bastante punitivo, y por fuera quedan las trabajadoras sexuales. Las malas víctimas, ¿no? Las que ejercen el trabajo sexual quedan por fuera de estas legislaciones", denunció Rebe.
Muchas ni siquiera se atreven a decir en una fiscalía que trabajan haciendo contenido por miedo a perder la tenencia de sus hijos o a ser discriminadas. "La mayoría son madres. Imaginate ir a denunciar a una fiscalía y que te digan cuánto cobrás, cosas que no le preguntarían a otro trabajador, que solamente le preguntan a las trabajadoras sexuales", relató con bronca en su voz.
También existen modalidades de explotación encubierta en los llamados "estudios de camming", en donde los dueños (varones, en su mayoría) se quedan con todo el material producido por las trabajadoras, que reciben a cambio migajas: "Le sacan todo: su capital erótico, sus fotos, todo su material, se lo quedan. Y no lo podés ir a denunciar, porque ¿a quién vas a denunciar? ¿A la policía?", pronosticó la activista.
La ideología detrás de las plataformas y el mandato del silencio
El silenciamiento también viene desde las propias plataformas. OnlyFans, por ejemplo, prohíbe explícitamente los encuentros presenciales y desalienta cualquier mención explícita del trabajo sexual: "Te das cuenta que en la foto de perfil, en la foto de portada, siempre están tapadas, tratan de no estar al desnudo. Porque hay una cuestión ahí de decir: 'vos vendés contenido, sos creadora, pero no ejerces el trabajo sexual'", explicó. "Hay una ideología detrás que te dice: 'no digas que sos trabajadora sexual, decí que sos modelo'. Hay una cuestión de estigmatización y de dejar de sentirse parte de la clase trabajadora", agregó.
Esta censura no es casual. En Estados Unidos, país donde se originan muchas de estas plataformas, está prohibido ejercer el trabajo sexual, y leyes como la FOSTA-SESTA criminalizan incluso su mención en redes sociales: "Esto creó una ideología detrás de esta cuestión de las plataformas virtuales, como OnlyFans, disfrazada de moralidad, pero que termina siendo una forma más de violencia".
¿Y el Estado? El marco legal argentino en relación con el trabajo sexual sigue siendo restrictivo y contradictorio. Aunque la Ley de Trata (Ley 26.842) protege a las víctimas de explotación sexual, muchas veces se aplica de manera confusa o punitiva contra quienes ejercen la actividad por decisión propia.
Además, no existe ninguna legislación específica que contemple el trabajo sexual en entornos digitales. El Estado no regula las condiciones laborales de estas personas, no garantiza su acceso a obra social, jubilación ni protección frente a abusos. Las trabajadoras sexuales que tributan lo hacen como monotributistas, bajo rubros ambiguos, invisibilizando la verdadera naturaleza de su actividad: "El Estado tiene una deuda con el colectivo de trabajadoras sexuales. Si bien el trabajo sexual en Argentina es legal, creo que nunca lo ha reconocido como un trabajo. Ejercerlo en todas sus modalidades está criminalizado", explicó la entrevistada. Y agregó: "En el 2020 se intentó hacer un censo de los trabajadores de la economía popular con el RENATEP. Y un sector del feminismo y un sector del Estado lo ha dado de baja a ese censo, diciendo que el trabajo sexual no es trabajo, que es explotación y que es esclavitud. Entonces, hay una indiferencia de parte del Estado con las trabajadoras sexuales de no escuchar las voces, de no aceptarnos a nosotras como sujeto político, con agencia propia y autonomía. Entonces, de parte del Estado, y esto es a nivel internacional, no solo acá en Argentina, lo único que hace es criminalizar y usar el poder judicial para aplastarnos".
Desde AMMAR y otras organizaciones reclaman una ley que reconozca el trabajo sexual como una actividad laboral legítima, con derechos y obligaciones. Sin embargo, el tema sigue siendo tabú para gran parte de la dirigencia política, atravesado por debates morales, religiosos y prejuicios de clase y género: "Nosotras desde el sindicato le ofrecemos a las compañeras trabajadoras sexuales talleres de ciberseguridad que hacemos con Carisma Call, que es una ONG de Colombia, lo venimos haciendo desde el año pasado, para que las pibas cuiden su privacidad, para que las chicas aprendan a guardar su contraseña, para que las chicas aprendan qué es más seguro, si es Telegram, si es WhatsApp más seguro, que cuiden, que sepan usar un VPN, que sepan usar las contraseñas, cómo usarlas, en qué sitios las pueden guardar, cómo las pueden guardar", contó Rebe. Sin embargo, aclaró: "Siempre les decimos que en internet ya no hay privacidad, que mayormente siempre se termina descubriendo todo a la larga o a la corta. Pero siempre aclararles esto, que esto no es un tema de que nosotras seamos malas, sino que Internet no es seguro, para nadie, seas trabajadora sexual o no".
El desafío de organizarse
En este contexto adverso, la organización gremial se vuelve una tarea titánica. Muchas trabajadoras no pueden dejar de trabajar ni siquiera unas horas para asistir a una reunión sindical, y otras temen exponerse aún más. "Sindicalizarse significa algunas veces tener que dejar de trabajar para poder reunirse entre compañeras y ver cómo son las condiciones laborales. Y sobre todo, porque nuestro trabajo está criminalizado".
En un país donde se discute tanto sobre derechos y feminismos, las trabajadoras sexuales siguen siendo las grandes ausentes en las políticas públicas. Su trabajo sostiene hogares, cría hijos, alimenta familias. Pero ni el Estado ni gran parte de la sociedad están dispuestos a reconocerlas como lo que son: trabajadoras. "Trabajar nos tocó a todos. Nadie nació rico, y sobre todo las trabajadoras sexuales hemos quedado por fuera de este sistema desde hace mucho tiempo", concluyó la entrevistada.
El trabajo sexual digital es, quizás, el espejo más nítido de las tensiones entre derechos, cuerpos y tecnología en la Argentina de hoy. A plena luz del algoritmo, miles de personas sobreviven, crean, negocian y se exponen en una economía informal que les promete autonomía pero las deja sin resguardo. Son trabajadoras sin derechos en un mundo que consume sus servicios, pero niega su existencia. Detrás de cada pantalla, de cada contenido producido, hay una historia de lucha, de supervivencia, de amor por los propios. Hay madres que sostienen hogares, jóvenes que intentan independizarse, mujeres que se aferran a lo único que el sistema aún no logró arrebatarles del todo: su autonomía.
Pero esa autonomía no puede vivirse en soledad ni bajo amenaza. El trabajo sexual digital en Argentina, aunque real, sigue siendo invisible para las políticas públicas, negado por las leyes y criminalizado por prejuicios que duelen y matan. Las trabajadoras sexuales no piden privilegios. Piden que se las escuche, que se las respete, que se las reconozca como lo que son: trabajadoras con derechos. El Estado elige no mirar. Prefiere el silencio cómodo de la legalidad, ese terreno difuso donde no hay que garantizar ni regular, pero sí controlar. La ausencia de leyes no es neutral: es una decisión política que deja a estas personas desprotegidas frente al abuso, la censura, la violencia digital y la precariedad.
