Ignorando las urgencias reales
24 Junio de 2025 12:44
Con el sello de Javier Milei y las firmas de Guillermo Francos y Patricia Bullrich, el Gobierno vetó completamente la ley 27.790 que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por las inundaciones que arrasaron con barrios enteros en marzo de este año. La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, contemplaba un fondo de $200.000 millones para reconstrucción, suspensión de ejecuciones contractuales y créditos blandos para los afectados. Pero el Poder Ejecutivo decidió bloquearla y devolverla al Congreso, dejando sin efecto toda ayuda adicional.
En una defensa poco empática y cargada de cinismo, el vocero presidencial Manuel Adorni recurrió a su cuenta de X para justificar el veto. "Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos", escribió, minimizando la desesperación de quienes aún hoy luchan por recuperar lo perdido. Con tono burlón y fiel a su estilo, Adorni intentó clausurar el tema con un escueto "Fin", como si de un posteo irónico se tratara y no de una tragedia con víctimas, destrozos estructurales y comunidades enteras sin respuestas suficientes.
Según el vocero, ya se había hecho todo: "El Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas", enumeró, como si eso bastara para cerrar una emergencia cuya resolución requiere mucho más que cifras aisladas y medidas iniciales.
Lo cierto es que el proyecto vetado no duplicaba nada: proponía medidas concretas y específicas que iban desde la exención de impuestos hasta la reactivación de la economía local a través de contrataciones en obras públicas. La emergencia, por definición, no tiene plazos cómodos ni tiempos burocráticos: exige respuestas sostenidas, coordinación y, sobre todo, presencia estatal.
El Gobierno también apeló a tecnicismos legales para justificar el veto. En el Decreto 424/2025, argumentó que la ley "no especificaba la fuente de financiamiento", amparándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Paradójicamente, el mismo Ejecutivo ya había dispuesto un fondo de igual magnitud mediante DNU, sin que entonces el origen de los fondos fuera un problema.
Además, la inclusión de Coronel Rosales como zona de emergencia fue descartada de plano, porque, según el decreto, los informes técnicos solo contemplaban a Bahía Blanca. Una visión restrictiva que ignora la multiplicidad de daños en distritos aledaños y vuelve a dejar a miles de personas afuera de los programas de asistencia.
Desde el Hospital Municipal de Bahía Blanca hasta cooperativas barriales, los testimonios de falta de materiales, viviendas inhabitables y problemas sanitarios siguen acumulándose. En ese contexto, el veto a una herramienta legislativa consensuada se vuelve no solo insensible, sino también ideológico: es el ajuste incluso frente al dolor, una administración que prefiere castigar el gasto antes que socorrer.
La ley vetada preveía también un sistema de créditos accesibles, esenciales para que comerciantes y familias puedan empezar de nuevo. El Gobierno respondió que "el Banco Nación ya tiene herramientas para eso", pero no aclaró cuántas líneas efectivamente se activaron, quién accedió, ni en qué condiciones. En vez de garantizar el acceso, el Ejecutivo optó por la desconfianza y el recorte.
Mientras Bahía Blanca intenta levantarse entre escombros y promesas rotas, la respuesta del oficialismo suena como un portazo. No solo no hay nuevos recursos: tampoco hay sensibilidad. En nombre de la austeridad, Milei y su vocero clausuran el dolor con sarcasmo, subestiman la representación parlamentaria y ridiculizan el pedido de asistencia como "una movida de la casta". La emergencia no se niega con tecnicismos ni se desprecia con ironías.
