Versiones inconsistentes
20 Marzo de 2026 08:30
La polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un elemento clave que tensiona aún más su situación judicial: la confirmación de que el vuelo de ida a Punta del Este, realizado durante el feriado de Carnaval, fue abonado por una empresa vinculada a un periodista con llegada directa al funcionario. Según consta en la causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, la productora Imhouse SA, perteneciente a Marcelo Grandio, pagó el traslado en avión privado a través de la firma Alpha Centauri S.A., proveedora del servicio. La operación quedó respaldada por una factura por $6.984.180 (equivalentes a 4.830 dólares), lo que contradice de lleno las versiones públicas que intentaron instalar que cada pasajero había afrontado su parte.
El dato no es menor: Grandio no es un actor ajeno. Además de mantener una relación de amistad de más de 15 años con Adorni -a quien definió como "un hermano"-, su productora difundía contenidos con el funcionario en la TV Pública, un medio que depende orgánicamente de la Jefatura de Gabinete. Ese vínculo abre una zona gris donde se superponen intereses personales, mediáticos y estatales. Las explicaciones de Grandio no hicieron más que agravar el cuadro. En distintas entrevistas ofreció versiones contradictorias sobre el financiamiento del viaje. Por un lado, sostuvo: "Pagó con su plata, no con plata del Estado".
Pero en otra intervención deslizó una frase explosiva: "Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo". En otra aparición mediática, intentó reordenar el relato: aseguró que Adorni pagó 3.600 dólares por cuatro pasajes, mientras él habría cubierto otros 800 dólares, bajo una lógica de "taxi aéreo" en la que "la vuelta la paga otro". Sin embargo, la documentación incorporada al expediente desmiente esa reconstrucción: el vuelo de ida figura íntegramente abonado por la empresa Imhouse. La falta de claridad en los dichos no pasó desapercibida para la fiscalía.
Pollicita ya solicitó que Grandio sea citado a declarar como testigo para que precise cómo se estructuró el pago y cuál fue el origen de los fondos. La causa avanza con múltiples medidas de prueba que apuntan a reconstruir el circuito completo del viaje. Entre ellas: Requerimientos a la ANAC sobre el plan de vuelo del avión Honda Jet matrícula LV-HWA, que partió el 12 de febrero desde San Fernando hacia Punta del Este; Pedido a la Dirección General de Aduanas para determinar si existieron controles y declaraciones de bienes o dinero y análisis de la trazabilidad de los fondos utilizados por Alpha Centauri S.A.
También ya se pidió el secuestro de imágenes de cámaras del aeropuerto de San Fernando para reconstruir minuto a minuto el traslado. El objetivo es establecer no solo quién pagó efectivamente el vuelo, sino si existieron irregularidades administrativas o penales en torno al viaje. El episodio de Punta del Este no está aislado. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya abrió un expediente preliminar que también incluye el viaje a Nueva York, donde la esposa de Adorni -sin cargo público- integró la comitiva oficial.
En paralelo, se acumulan denuncias en Comodoro Py por presuntos delitos como malversación de fondos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Aunque las causas están en etapa inicial y sin imputaciones formales, el foco está puesto en determinar si el funcionario utilizó recursos públicos o recibió beneficios indebidos. El caso también activa alertas en materia de ética pública. En Argentina, la recepción de beneficios por parte de funcionarios puede encuadrarse en figuras penales como el cohecho pasivo o la aceptación de dádivas, contempladas en los artículos 256 a 259 del Código Penal.
La normativa prohíbe expresamente que funcionarios reciban regalos o beneficios de personas o empresas que tengan vínculos con el Estado o puedan verse favorecidas por decisiones oficiales. Incluso cuando no exista una contraprestación directa, la mera aceptación de un beneficio "en consideración del cargo" puede constituir delito. En este caso, el hecho de que el vuelo haya sido abonado por una empresa vinculada a un productor con intereses en medios estatales bajo la órbita de la propia Jefatura de Gabinete introduce un posible conflicto de intereses que la Justicia deberá analizar.
