Sienta precedente
19 Mayo de 2026 14:49
están cortando los servicios de varios nosocomios a lo largo y a lo ancho del país. Y si bien esto no es novedad en el país de Javier Milei, sí hubo algo novedoso y es el fallo a favor de las personas con discapacidad del juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja.
El magistrado emitió un fallo que obliga al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación, liderado por Mario Lugones, a través del programa Incluir Salud, a "normalizar" los pagos "de manera urgente"; además, la resolución establece un plazo máximo de 72 horas para que el Gobierno nacional cumpla con la medida, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
El fallo responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y otros centros terapéuticos.
La medida judicial busca garantizar la continuidad de servicios esenciales que, según los amparistas, están en riesgo debido a las "demoras crónicas" en los pagos y la interrupción en la entrega de medicamentos, lo que implica un "riesgo inminente" para los beneficiarios.
En su resolución, Vaca Narvaja subrayó: "La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad". Además, citó un informe del Centro Educativo Mi Lugar, que advierte sobre los graves efectos del retraso en los pagos: "La interrupción de la periodicidad de estos constituye un agravante sustancial, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable".
El impacto de esta situación se refleja con crudeza en el caso del cottolengo Don Orione, que acumuló una deuda de $41 millones en intereses ante ARCA por aportes y contribuciones impagas durante 2026, como consecuencia directa del atraso en los cobros estatales. Esta deuda pone en jaque la sostenibilidad de una institución clave para el cuidado de personas con discapacidad.
Todo se da en el contexto de que hace apenas un mes, organizaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad, familiares y afectados se movilizaron al Ministerio de Economía para exigir el pago de las deudas acumuladas con prestadores y profesionales. También reclamaron la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada el año pasado pero aún sin ejecución debido a la falta de asignación presupuestaria. El Poder Ejecutivo fundamenta esta decisión en el artículo 5° de la ley, que condiciona su implementación a la determinación de fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
La situación es insostenible aunque el fallo del juez Hugo Vaca Narvaja marca un precedente importante en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y pone presión sobre el Gobierno nacional para que cumpla con sus obligaciones constitucionales.
