Insólito
22 Enero de 2026 14:39
En un giro inesperado en la política laboral argentina, sectores que históricamente se mantuvieron en veredas opuestas decidieron unirse para enfrentar un enemigo común: la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El Destape reveló los pormenores de un acuerdo que, hasta hace poco, permanecía en secreto. La alianza entre las principales cámaras empresariales y la Confederación General del Trabajo (CGT) dejó atónitos a propios y ajenos en el ámbito político y gremial.
El pacto, gestado en la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara), reunió a figuras clave de ambos sectores. Por parte de la CGT, participaron Jorge Sola y Cristian Jerónimo, mientras que las patronales estuvieron representadas por Ricardo Diab (CAME), Elio del Re (Adimra) y un abogado en representación de Mario Grinman de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). En este encuentro reservado, los empresarios manifestaron su preocupación por varios aspectos del proyecto oficialista, lo que terminó sellando una alianza estratégica con los sindicatos.
El punto de partida fue la defensa de las "cláusulas obligacionales" contenidas en los convenios colectivos, que garantizan aportes extraordinarios destinados al desarrollo profesional y tecnológico. Para las cámaras empresariales, como la CAC y Adimra, estos aportes son fundamentales para financiar sus estructuras. Por su parte, los sindicatos ven en estas cláusulas una herramienta clave para mantener la "cuota solidaria", que beneficia a los trabajadores no afiliados.
Además, tanto patronales como sindicalistas coincidieron en rechazar el cambio propuesto en el orden de prelación de las negociaciones colectivas. La reforma busca priorizar acuerdos por empresa sobre los convenios nacionales, lo que, según ambas partes, fragmentaría el modelo sindical argentino y debilitaría tanto a las representaciones gremiales como a las patronales.
La oposición al proyecto oficial se centra en cinco artículos específicos que atentan contra el equilibrio entre trabajadores y empleadores. Estos son:
- Artículo 126. Limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos, restringiendo su vigencia únicamente a las cláusulas normativas. Esto desnaturaliza el convenio colectivo como un instrumento integral, debilita la negociación colectiva y genera inseguridad jurídica.
- Artículo 128. Establece que los aportes patronales especiales previstos en los convenios colectivos serán estrictamente voluntarios. Esto pone en peligro el financiamiento de instituciones clave como el Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) y Adimra.
- Artículo 130 y Artículo 131. Invierten el orden de importancia de las unidades de negociación, dando prioridad a los acuerdos por empresa sobre los convenios nacionales. Esto fragmentaría el modelo sindical argentino y debilitaría tanto a las representaciones gremiales como a las patronales.
- Artículo 132. Refuerza la atomización de las negociaciones colectivas al permitir que acuerdos de menor nivel tengan preeminencia sobre los nacionales. Esto podría generar una mayor conflictividad laboral y debilitar la centralización sindical.
El acuerdo entre patronales y sindicatos no se limita a una declaración conjunta. Ambas partes ya empezaron a coordinar esfuerzos para influir en gobernadores y legisladores con el objetivo de restar apoyo político a la reforma. Según trascendió, incluso se está considerando una foto conjunta como gesto simbólico antes del inicio del debate parlamentario.
Este acercamiento ha generado un cambio significativo en las posturas tradicionales. Las cámaras empresariales, históricamente alineadas con posiciones antiperonistas, ahora priorizan los intereses estructurales sobre las diferencias ideológicas. Por su parte, la CGT demostró una capacidad estratégica notable al sumar aliados inesperados en su lucha contra una reforma que consideran perjudicial para los trabajadores.
