Tensiones políticas
En una sesión atravesada por la tensión política, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo que habilita el pago de US$ 171 millones a dos fondos buitre que aún reclaman deuda argentina en default desde 2001. La votación cerró con 139 votos a favor y 97 en contra, consolidando un nuevo triunfo legislativo del oficialismo con apoyo clave del PRO, la UCR y bloques provinciales.
El entendimiento ratificado incluye a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, y se enmarca en una negociación judicial que había sido aprobada previamente por la jueza Loretta Preska del Distrito de Nueva York. El acuerdo contempla una quita cercana al 30% y busca cerrar litigios que se arrastran desde hace más de una década. Según los términos del convenio, el Estado argentino deberá abonar US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones a Attestor Value Master Fund LP., a cambio del cierre de demandas y el levantamiento de embargos que alcanzaban activos estratégicos como acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Ambos fondos forman parte del grupo de holdouts que rechazaron los canjes de deuda impulsados tras el colapso de 2001 y que sostuvieron litigios en tribunales internacionales durante años, incluyendo episodios emblemáticos como la retención de la Fragata Libertad en Ghana en 2012. La sesión comenzó con demoras y tensión hasta el último minuto.
El oficialismo logró el quórum reglamentario cuando el designado vocero presidencial, Adrián Ravier, ocupó su banca a solo un minuto del vencimiento del plazo. Inmediatamente después presentó su renuncia y dio lugar al ingreso de su reemplazante, Martín Matzkin, dirigente cercano a Patricia Bullrich, quien estuvo presente en el recinto. El movimiento exprés expuso una dinámica cada vez más habitual en el Congreso: maniobras políticas ajustadas al segundo para garantizar números y sostener la gobernabilidad legislativa.
Pero el debate de fondo quedó inevitablemente cruzado por otro conflicto que tensiona al oficialismo y a sus aliados: la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que derivó en intentos opositores de interpelación y moción de censura. En ese contexto, la sesión se convirtió también en un escenario de pulseadas políticas. Myriam Bregman insistió con un pedido de apartamiento de reglamento para tratar sobre tablas la interpelación del funcionario, pero la moción fue rechazada con 104 votos a favor y 125 en contra.
Luego, Maximiliano Ferraro impulsó un emplazamiento para debatir en comisión un paquete de proyectos vinculados a Adorni, aunque tampoco prosperó: obtuvo 122 votos afirmativos y 108 negativos. Ambas iniciativas expusieron la dificultad de la oposición para reunir mayorías especiales en un Congreso fragmentado, donde los acuerdos circunstanciales entre el oficialismo y bloques provinciales terminan inclinando la balanza. Mientras tanto, desde la oposición más dura se insiste en que existe un "blindaje político" en torno al jefe de Gabinete, sostenido por acuerdos parlamentarios que trascienden la coyuntura y que se expresan en cada votación clave.
El PRO, por su parte, quedó nuevamente en el centro de la escena. No solo acompañó el acuerdo con los fondos buitre, sino que también intentó despegarse de la caída de la sesión anterior con un comunicado en el que sostuvo: "LOS NÚMEROS HABLARON: DATO MATA RELATO. Hoy quedó confirmado lo que advertimos desde el primer día: no estaban los votos para aprobar el apartamiento de reglamento y forzar la interpelación sin pasar por comisión". En el mismo texto agregaron: "Por eso ayer no bajamos al recinto: no para defender a Adorni, sino porque el resultado iba a ser exactamente este. Un show político sin consecuencias".
La justificación, sin embargo, no logró desactivar las críticas de los bloques opositores, que acusan al macrismo y a otros espacios dialoguistas de garantizar gobernabilidad al oficialismo mientras se diluyen los intentos de control político. En paralelo, el oficialismo defendió la aprobación del acuerdo con los fondos buitre como un paso necesario para cerrar litigios prolongados y ordenar la situación financiera internacional del país. El diputado libertario Bertie Benegas Lynch afirmó que Argentina tiene la oportunidad de "cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años", mientras que Silvana Giudici sostuvo que el entendimiento permitirá liberar activos y reducir la exposición judicial del Estado. Desde la vereda opositora, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la falta de previsión presupuestaria y advirtió que la iniciativa "carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera", reabriendo el debate sobre la consistencia fiscal del acuerdo.
La jornada dejó además otros movimientos políticos relevantes, como la asunción del diputado Martín Matzkin, que reforzó la influencia de Patricia Bullrich dentro del esquema libertario, y la aprobación casi unánime de convenios internacionales que contrastaron con la fragmentación del debate político central.
