¿No hay plata?
17 Abril de 2026 14:55
Mientras miles de estudiantes y docentes se movilizan en defensa de la educación pública, el Gobierno de La Libertad Avanza, realizó un movimiento indignante: decidió judicializar la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que garantiza el funcionamiento de las universidades públicas y que también protege los derechos de docentes, no docentes y estudiantes, asegurando salarios dignos, becas y el mantenimiento de infraestructura básica para el funcionamiento del bastión de la educación pública argentina.
El argumento oficial para este ataque a la educación es el ya trillado "equilibrio fiscal". Según la Casa Rosada, "no hay plata" para cumplir con la ley que exige transferir 2,5 billones de pesos para las universidades. Sin embargo, la misma administración que se niega a invertir en el futuro del país parece no tener reparos en financiar los lujos de sus propios funcionarios.
Es casi imposible no mencionar que la decisión final sobre este tema recaerá en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: deberá definir si se escuda en la ley de Administración Financiera para no ejecutar las partidas presupuestarias o bien, definir cómo cumplirá con la ley para alcanzar los montos que se requieren para el sostenimiento de la educación publica.
Mientras tanto, Adorni está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de varias propiedades en countries y barrios coquetos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un polémico viaje de lujo a Aruba con toda su familia en primera clase. ¿Hay plata para las vacaciones paradisíacas, pero no para las universidades?
La ley 27.795, sancionada en agosto de 2025 tras masivas movilizaciones populares y el rechazo al veto presidencial, tiene como objetivo garantizar la operatividad de las universidades públicas. Así las coas, la ley incluye el pago de salarios actualizados por inflación, el mantenimiento de servicios esenciales como luz y agua, y la continuidad de programas cruciales como becas estudiantiles y hospitales universitarios.
En un país donde la educación pública es históricamente un motor de movilidad social para las clases trabajadoras, esta ley representa mucho más que números en un presupuesto: es un compromiso con el desarrollo y la igualdad. Pero el oficialismo ha hecho todo lo posible para bloquearla.
Desde un decreto que suspendió su ejecución presupuestaria hasta múltiples apelaciones judiciales y un nuevo proyecto de ley que busca desmantelar la normativa original, el Gobierno demuestra, una vez más, su falta de voluntad política para priorizar la educación. Incluso cuando la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de la ley y fijó plazos claros para su cumplimiento, Casa Rosada insiste en buscar atajos legales.
La judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario no es más que una maniobra política para seguir postergando lo impostergable: el cumplimiento efectivo del derecho a la educación. Si realmente "no hay plata", quizás los funcionarios libertarios deberían empezar recortando los lujos y no los derechos.
