Evidente abandono
18 Marzo de 2026 11:47
La escena se repite, pero cada vez con mayor crudeza. Esta vez fue frente a la Casa Rosada, donde una protesta de personas con discapacidad, familiares y trabajadores terminó en empujones, gritos y denuncias de represión. Lo que comenzó como una manifestación pacífica para visibilizar el deterioro del sector derivó en un nuevo episodio de tensión. Según denunciaron los presentes, efectivos de la Policía Federal Argentina impidieron la instalación de un gazebo y avanzaron sobre los manifestantes, incluso sobre personas en sillas de ruedas. "Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?", lanzó uno de los manifestantes, todavía conmocionado.
A su lado, otra mujer sintetizó el clima con una frase que resonó entre la multitud: "No tienen humanidad". La protesta no fue aislada. Forma parte de una escalada nacional del conflicto en el sector de la discapacidad, que esta semana incluyó paros, movilizaciones y denuncias públicas. Sin embargo, la postal frente a la sede del Gobierno nacional dejó una imagen más profunda: personas que reclaman por prestaciones básicas enfrentadas a un operativo de seguridad. "Nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía", expresó otro de los presentes.
Y añadió: "A ella la empujaron, casi la tiraron. Cada vez que pasa algo, venimos acá. ¿Y qué pasa? Palo para nosotros. El señor presidente es muy insensible". Detrás de la protesta hay una crisis estructural que se agrava mes a mes. Prestadores, instituciones y familias advierten que la falta de pagos, el atraso en los aranceles y la paralización de políticas públicas están desarmando el sistema. La consecuencia es directa: miles de personas se quedan sin acceso a terapias, transporte, educación y atención básica. Los números reflejan ese deterioro. En la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, los reclamos vinculados a discapacidad crecieron un 40% en lo que va del año.
La mayoría apunta a prestaciones que no se brindan o que se interrumpieron. "Recibimos a personas que reclaman prestaciones médicas o de rehabilitación a las que no están accediendo o que no pueden acceder porque no tienen transporte", explicó el funcionario Leandro Piazza. El impacto ya se siente en el territorio. En Rosario, al menos una decena de centros terapéuticos redujeron servicios o directamente cerraron. Detrás de cada cierre, hay personas que quedan sin contención. Las instituciones, muchas de ellas pequeñas y con estructuras frágiles, dependen casi exclusivamente de pagos estatales o de obras sociales. Pero esos pagos no llegan.
Lo mismo ocurre en todo el AMBA. "Sin ingresos las instituciones no pueden hacer frente a salarios, insumos, alimentación o servicios básicos", advirtió Pablo Molero, del Foro Permanente del sector. El problema no es solo económico: es sistémico. Adriana Salomone, representante de una institución, lo describió con una metáfora brutal: "Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza. Es como ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano: nos matamos todos".
En el centro del conflicto aparece la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aprobada por el Congreso y sostenida pese al veto presidencial de Javier Milei, la norma debía garantizar financiamiento y actualización de prestaciones. Pero en la práctica, su implementación está frenada. El propio decreto de reglamentación condicionó su aplicación a la definición de partidas presupuestarias, lo que en los hechos la dejó en suspenso. Mientras tanto, los atrasos en los pagos continúan y la actualización de aranceles es considerada insuficiente por todo el sector. "El sistema está asfixiado", resumió la actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo.
El conflicto expone una tensión más profunda: el lugar que ocupa la discapacidad dentro del esquema de ajuste estatal. Mientras el Gobierno defiende su política de recorte y orden fiscal, el sector denuncia que el costo lo están pagando los más vulnerables. La protesta frente a la Casa Rosada dejó algo más que empujones. Dejó en evidencia una ruptura: la distancia entre quienes necesitan asistencia para vivir y un Estado que, según denuncian, responde con indiferencia o represión.
