Tensión en aumento: el Gobierno enfrenta un lunes clave para evitar el paro de colectivos convocado por la UTA

El Gobierno transita un lunes decisivo en su intento por desactivar el paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previsto para este martes 6 de mayo. La medida de fuerza, que afectaría los servicios de corta y media distancia a nivel nacional y paralizaría completamente el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se confirmó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y el estancamiento en las negociaciones salariales entre el gremio y las cámaras empresarias. El conflicto gira en torno a la exigencia del sindicato de llevar el salario básico de los choferes de colectivos a $1.700.000, frente a una oferta empresarial que incluye sumas no remunerativas de $40.000, $50.000 y $70.000, a abonarse entre mayo y julio. 

La UTA calificó esa propuesta como "una falta de respeto" y ratificó el paro de 24 horas tras no lograr mejoras durante las reuniones previas. El gremio también dejó abierta la posibilidad de extender la medida por tiempo indeterminado, si no hay avances concretos en la negociación. "Ya no hay más tiempo, nuestros compañeros no pueden esperar que las respuestas dependan de acciones tibias", advirtieron en un comunicado los delegados del gremio en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

En el escrito, pidieron al Consejo Directivo de la UTA escalar el conflicto. "El salario representa la dignidad de nuestras familias, por eso debemos cuidarlo y defenderlo con la importancia que requiere", agregaron. En respuesta, el Gobierno convocó para este lunes a una nueva reunión entre el gremio y las cámaras empresariales, que se realizará por videoconferencia desde las 14. La presión por alcanzar un acuerdo recae ahora sobre el nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini.

El empresario mendocino, sin experiencia previa en el área, asumió la semana pasada en reemplazo de Franco Mogetta y enfrenta su primera prueba de fuego con un conflicto que puede derivar en un colapso del sistema de transporte público. Desde las cámaras empresariales aseguran que no cuentan con margen económico para mejorar la oferta sin una actualización urgente de los subsidios. "La mitad de las líneas del AMBA tienen la tarifa congelada hace ocho meses, y el esquema de costos está calculado con precios de diciembre", explicó Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). 

Según detalló, el sistema depende de unos 87 mil millones de pesos mensuales en subsidios para funcionar, y el Estado no contempló en el presupuesto 2025 ningún refuerzo para cubrir los aumentos. "El Estado nos autoriza la tarifa y maneja la caja desde afuera. Nosotros siempre tratamos de evitar un conflicto, pero no tenemos herramientas reales sobre la mesa", remarcó Fusaro, señalando que la capacidad de negociación de las empresas está atada a las decisiones de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Economía. 

En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo un llamado a la dirigencia gremial para que suspenda la medida de fuerza. "Estamos con un cambio de secretario de Transporte, tal vez sería un buen momento para suspender unos días el paro y sentarnos a analizar alternativas", expresó en declaraciones radiales. La posibilidad de un acuerdo luce lejana. A diferencia de otras oportunidades, el Gobierno ya no puede recurrir a una nueva conciliación obligatoria para ganar tiempo y destrabar el conflicto. La parálisis del servicio amenaza con complicar la movilidad de millones de personas en el inicio de la semana laboral, en medio de una profunda crisis económica y una creciente tensión social.