A contramano
15 Abril de 2026 16:51
Inesperado. La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó una decisión que contradice el discurso incansable de ajuste del presidente Javier Milei y que también desató una tormenta política en el Congreso. A menos de 24 horas de que el mandatario proclamara con su característico fervor que "la motosierra no para", Villarruel decidió usar la lapicera en una dirección completamente distinta.
La escena fue clara. El martes 14 de abril, en un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), Milei no escatimó en palabras para reafirmar su postura de ajuste fiscal: "La motosierra no se detiene. En la última reunión de Gabinete di la orden espesa de que la motosierra no para, dijo entre gritos, aplausos y un discurso que resonó como una advertencia para los trabajadores. Sin embargo, Villarruel, en su rol como presidenta del Senado, decidió tomar otro camino.
La maniobra de Villarruel se hizo pública a través de un correo electrónico firmado por Alejandra Figini, directora General de Recursos Humanos del Senado. En el mensaje, Figini anunció que "en el marco de las políticas de ordenamiento y recomposición de la estructura salarial, se ha dispuesto la creación de un adicional por módulos aplicable a las categorías 7 a 1 del escalafón".
El incremento salarial dispuesto por la vicepresidenta implica que los trabajadores de la categoría 1, con sueldos brutos cercanos a los $2.698.531,35, recibirán un aumento superior a los $923.000. Mientras tanto, quienes ocupan la categoría 7, con salarios brutos de $1.336.931, apenas verán un incremento de poco más de $34.000.
Vale aclarar que este movimiento no afecta las dietas de los senadores, lo que deja en evidencia que el ajuste es exclusivo para el personal administrativo del Senado. La medida alcanzará a más de 2.500 trabajadores, pero no sin generar tensiones y cuestionamientos éticos dentro del propio oficialismo.
Martín Menem se despega
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no tardó en marcar distancia respecto a la decisión de Villarruel. En los pasillos del Congreso se escucharon voces cercanas al sobrino del expresidente Carlos Menem señalar que "seguimos los lineamientos de Hacienda. Ese aumento no está habilitado por ellos". Además, recalcaron con vehemencia su disconformidad con "la lógica en la cual el incremento fue dado: más a los que más tienen".
Esta postura no es nueva en la Cámara baja: ya en marzo ya se había generado un malestar significativo cuando UPCN, uno de los gremios con representación en el Congreso, acordó un adicional para mandos medios en Diputados (20% para directores, 16% para subdirectores y 12% para jefes de departamento), dejando fuera a los trabajadores de menor rango. En ese momento, el descontento quedó latente pero esta vez amenaza con estallar.
Es que este martes, tras conocerse la inflación de marzo —un 3,4%—, los y las trabajadoras estatales volvieron a hacer números. Según sus cálculos, desde diciembre de 2023 hasta la fecha, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado es del 293,25%. En contraste, los aumentos salariales acumulados durante el mismo período apenas alcanzaron el 116,8%. El resultado es devastador: una pérdida del poder adquisitivo del 44,87%. Para equiparar sus ingresos con la inflación acumulada desde el inicio del gobierno de Milei, los salarios deberían incrementarse en un 81,39%.
