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Más ajuste: el Gobierno planea recortar las pensiones por discapacidad
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Más ajuste: el Gobierno planea recortar las pensiones por discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad publicó una resolución que para los expertos abre las puertas a un nuevo recorte. El año pasado hubo polémica por el intento de eliminar más de 150 mil. Denuncian que se violan derechos.

Por Agusti­n Gulman

Mediante una resolución publicada por la Agencia Nacional de Discapacidad este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno busca avanzar en un recorte en las pensiones no contributivas por invalidez, a partir de una modificación en el circuito administrativo de notificación de “incompatibilidades, suspensión y caducidad” del beneficio que reciben casi 1.050.000 personas en todo el país. “Viola derechos adquiridos y pone en jaque a los más vulnerables”, dijo a BigBang un experto en derecho previsional.


La resolución 268/2018 dice que todos los beneficiarios de pensiones no contributivas que reciban una notificación tendrán diez días hábiles para concurrir a la ANSES y presentar una serie de documentos que acrediten los motivos por los cuales se le otorgó la pensión. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que comanda Santiago Igarzabal y que depende de la vicepresidenta Gabriela Michetti, aseguraron a BigBang que la resolución no implica la baja de ningún beneficio.

Las pensiones no contributivas son del 70 por ciento del valor de una jubilación mínima (hoy serían $6.045) y las reciben discapacitados que acrediten una disminución de al menos el 76 por ciento de la capacidad laboral, no reciban ni ellos ni su cónyuge ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, no tengan empleo en relación de dependencia, ni bienes, ingresos o recursos que “permitan la subsistencia o la del grupo familiar”, así como tampoco parientes obligados legalmente a proporcionar alimentos. Además, las no contributivas las reciben las madres de siete hijos o más.

“Esta resolución viola todos los principios constitucionales, fallos judiciales y un derecho adquirido”, aseguró a BigBang el abogado previsional Christian D’Alessandro. No se trata de la primera ocasión que el Gobierno apunta a las pensiones no contributivas: el año pasado cuando dependían del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley se recortaron más 160 mil, pero hubo una fuerte oposición y la Justicia le ordenó al Gobierno dar marcha atrás.

Según expertos, la resolución golpearía a unas 700 mil personas.

Incluso, en aquel entonces salió a la luz la historia de Guanaco Muerto, un pueblo en Córdoba donde más del 70 por ciento de la población contaba con una pensión por discapacidad. En aquel entonces no fueron pocas las voces del oficialismo que alzaron la voz por posibles irregularidades en la entrega de este beneficio. Hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo”, sostuvo Stanley.

Enigmas de Guanaco Muerto, un pueblo con pensiones pero sin agua, Internet ni ladrones

Según datos oficiales a los que accedió BigBang, en la actualidad lo cobran 1.048.000 personas. Para este 2018, el Gobierno tiene previsto destinar $38.236.000.000 en pensiones no contributivas. En la última década hubo un fuerte crecimiento: en 2008 lo cobraban 258.656 personas. Ese año, Argentina suscribió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, lo que pudo volver más flexibles las condiciones para acceder a recibir el beneficio. Para D’Alessandro, más de 700 mil pensiones podrían correr peligro con la reciente resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.

“Se vuelve a poner en jaque a los más vulnerables. La trampa está en que llaman a las personas a presentar la prueba, que mucha gente no tiene, que es el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Quien tiene el CUD no necesariamente tiene una pensión y viceversa. El CUD puede demorar meses y hasta años. Si dan diez días hábiles y hay que tramitarlo van a suspenderle el beneficio a la persona”, detalló D’Alessandro.

En la Agencia niegan un recorte, pero expertos criticaron duramente la resolución.

De todos modos, en el organismo del que dependen las pensiones por discapacidad niegan que se hubiera iniciado un plan de recorte y ajuste con la nueva resolución. “Lo que estamos haciendo en esta etapa es notificar al beneficiario de la incompatibilidad detectada para que pueda presentar la documentación”, insistió una fuente del organismo. Lo primero que debe hacer una persona si recibió la notificación es comunicarse de inmediato con la línea de atención gratuita de la ANSES, el 130, en la opción 2.

“A este colectivo social lo destruyen económicamente. Muchos sostienen a la familia”, agregó el abogado D’Alessandro, quien señaló que aunque la Justicia le ordenó al Gobierno restituir las pensiones no contributivas hace más de un año, en julio pasado aún había miles que no habían sido restituidas.

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