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El Estado no cumple con el cupo laboral de discapacitados

Por Sebastian Gomez

 la inserción laboral en la Argentina es aún una deuda pendiente.

Aunque una ley obliga a los organismos públicos a cumplir con un cupo del cuatro por ciento para las personas con discapacidad, la mayoría no lo cumple. La norma nacional fue sancionada hace 30 años, pero recién se reglamentó en 2010. En el sector privado, ocurre algo similar.

La ley 22.431 indica que los tres poderes del Estado tienen la obligación de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad del personal (en la Municipalidad de Córdoba, el cupo es del cinco por ciento). El porcentaje es obligatorio para todo el personal de planta permanente y para contratados. También obliga a las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. 

Pero el cupo no se cumple en los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. En la Municipalidad de Córdoba, funcionarios reconocieron que el cupo no está cubierto. No dieron cifras actualizadas.

En la Provincia no existe un registro de las personas con discapacidad que trabajen para el Estado. “Lamentablemente no hay datos precisos, ya que la situación de discapacidad de un empleado público no figura en su legajo”, indicó Patricia Arraigada, de la Dirección de Discapacidad de la Provincia.

Pese a que hay algunas iniciativas, como un cupo para personas con discapacidad en el Programa Primer Paso (PPP), la ley se incumple en la administración pública provincial. El cupo sólo está cubierto en el área central del Ministerio de Desarrollo Social (31 empleados). Y en la Dirección de Discapacidad, el 8,9 por ciento tiene alguna discapacidad.

En el país

La situación en el resto de las provincias es similar. Cuando la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis) intentó realizar un relevamiento nacional se encontró con una alarmante escasez de datos.

“Durante muchos años no se tuvo en cuenta la necesidad de saber cuántas personas con discapacidad trabajaban en la administración pública. Ese dato se desconoce en todo el país”, asegura Arraigada. Y agrega: “Disponer de registros nos posibilitaría conocer la realidad actual y las condiciones de los distintos puestos de trabajo, mejorar la accesibilidad y promover mayor inclusión”.

En la administración pública nacional (en todas sus jurisdicciones), 2.468 persona certifican discapacidad. Representa el 0,78 por ciento de quienes trabajan en este ámbito, en cualquiera de sus modalidades de empleo o contratación. Es el uno por ciento de los contratados con el régimen de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y el 0,76 por ciento del personal con el régimen de estabilidad laboral, según el último informe (2012) publicado por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“La ley argentina es una ley antirresiliencia: mira el déficit y no mira el potencial. Esto tiene que cambiar; en otros países hay discapacitados y recuperados de enfermedades trabajando en la investigación, en las universidades y en los hospitales, aquí no”, plantea Adelia Setto, de Fundación Añil. Y subraya: “A veces, los padres de jóvenes con alguna dificultad, aunque talentosos, para asegurarles una entrada segura de dinero, los alientan a acceder a una pensión por discapacidad que los discapacita para un trabajo digno. A veces, por una herida narcisista, por vergüenza o sobreprotección no alientan a sus hijos al trabajo”.

Cuántos son

Según el último Censo, en la provincia de Córdoba viven 402.500 personas con discapacidad: 12,9 por ciento de los habitantes. De ellas, ocho de cada diez no tiene trabajo.

El último Anuario estadístico nacional sobre discapacidad (año 2011) , del Ministerio de Salud de la Nación, indica que el 86,1 por ciento de las personas con discapacidad mayor de 15 años, y que gestionó el certificado único de discapacidad, está desempleada. La franja de personas entre los 30 y los 44 años es la que logra mayor ocupación (18,9 por ciento).

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de un 60 por ciento de las personas con discapacidad en el mundo está en edad de trabajar. “Sin embargo, experimentan un índice de desempleo de 80 a 100 por ciento superior al de los trabajadores sin discapacidad”, explica Arraigada.

“Las personas que tienen más dificultades para obtener empleo son quienes tienen discapacidad intelectual o psicosocial y el trabajo protegido se presenta como una alternativa, aunque, claramente, sería mejor que el mercado pudiese absorber a trabajadores con estas características”, asegura Verónica González Bonet, de Redi. La nueva ley de trabajo protegido, explica, contempla beneficios sociales para estos trabajadores como licencias, vacaciones, aguinaldo, obra social.

El Estado debe abonar gran parte de los salarios y beneficios sociales durante dos años y se prevé que quienes contraten trabajadores reduzcan impuestos.