Menu Big Bang! News
Política en casa rosada

Más diferencias que acuerdos en la reunión del Gobierno con los organismos de DD.HH.

“Vinimos con la mejor buena voluntad. Es necesario el diálogo”, dijo Estela de Carlotto, presente en el encuentro con el jefe de Gabinete. Inquietud por los juicios de lesa humanidad y la situación de Milagro Sala.

Estás viendo esta nota en: Modo Lectura Rápida

Ver nota completa

Los Derechos Humanos fueron una bandera durante los doce años del kirchnerismo. Por eso, preocupados por la continuidad de esas políticas con el nuevo gobierno, los distintos organismos, con Estela Carlotto a la cabeza, mantuvieron esta tarde una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Carlotto encabezó el encuentro con Marcos Peña. 

“Vinimos con la mejor buena voluntad, porque el diálogo es necesario entre los organismos de Derechos Humanos y el Estado” señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Dejamos un documento con los puntos más importantes de nuestras demandas, para que los Derechos Humanos sigan siendo un tema de preocupación para el Estado”, agregó Carlotto.

Hubo presencia de todos los representantes de organismos de Derechos Humanos.

Entre los puntos figuran la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, los “despidos masivos” y la detención de Milagro Sala.

Según especificó la titular de Abuelas, Peña escuchó atentamente las inquietudes y propuso que cada demanda se tramite en el ministerio que corresponda.

De la reunión también participó el ministro de Justicia, Germán Garavano, que evaluó el intercambio como “productivo” y señaló que tuvo “coincidencias y divergencias”.

De la reunión también participó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

“Muchas de estas organizaciones plantearon algunas cuestiones que exceden los Derechos Humanos y son parte de la política, allí dijimos que no compartíamos ese enfoque”, afirmó Garavano.

El titular de la cartera de Justicia agregó que “también plantearon que algunas decisiones administrativas podían significar un cambio en las políticas y dijimos que eso no era así, y que es patrimonio del gobierno decidir lo administrativo”,

Garavano explicó que “hablamos de los juicios de lesa humanidad y les aclaramos que eso está fuera de discusión, que la política de Derechos Humanos es una política de estado”.

Acompañada por Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, y Eva Arroyo, de HIJOS Jujuy, Carlotto calificó este primera reunión como “muy extensa y clara”. “Se planteó que no se cambie lo construido y se construya lo que falta, lo que quedó sin hacer”, agregó.

“Lógicamente hubo momentos de discrepancia, como cuando nos mostramos muy preocupados por ciertas acciones como los despidos masivos, la detención de Milagro Sala o los achicamientos en las estructuras de funcionamiento de los Derechos Humanos”, se sinceró Carlotto.

Durante la reunión también se pidió por la liberación de Milagro Sala. 

Respecto a ese último punto, Arroyo especificó que “los despidos tienen que ver estrictamente con el desarrollo de los juicios (a represores), porque cada programa y cada plan sirven para el desarrollo de los juicios”, y agregó que “las personas que fueron designadas en esos planes fueron a pedido de cada organismo”.

Por su parte, Taty Almeida mostró su disconformidad con el presidente, cuestionando su decisión de no atenderlas y derivarlas a Marcos Peña, y exponiendo su preocupación porque “todavía no escuchamos la política de Derechos Humanos de Mauricio Macri”. 

 

 

Las dirigentes también mostraron su inquietud por la presencia de personas con responsabilidad en el terrorismo de Estado en lugares de decisión o dentro de las estructuras ministeriales. En tal sentido, mencionaron puntualmente al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que fue abogado defensor de represores.

El documento entregado al Gobierno estuvo firmado por Abuelas, Madres Línea Fundadora, Familiares, HIJOS, CELS, APDH y Buena Memoria, y consta de cuatro puntos centrales y algunos anexos.

El primer punto es por la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia, y menciona la búsqueda de apropiados, la identificación de los cuerpos, los sitios y espacio de memoria y el control de los ascensos militares, entre otros.

Los siguientes puntos se refieren al derecho al trabajo, en torno a los despidos del Estado; al derecho a la protesta social, y al “respeto a las instituciones democráticas y la vía parlamentaria”.