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Porqué la pelea por el Presupuesto provoca tironeos entre el Ejecutivo y los gobernadores
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Porqué la pelea por el Presupuesto provoca tironeos entre el Ejecutivo y los gobernadores

La Ciudad y la provincia de Buenos Aires quieren que se distribuya los $100.000 millones a ajustar de acuerdo a lo que reciben cada uno de coparticipación.

Por Gonzalo Prado

La Casa Rosada ya dio aviso a los gobernadores de que ellos tendrán que contribuir con el ajuste que se propondrá de cara al Presupuesto 2019. De los $300.000 millones que están puestos en la mesa de discusión la administración de Mauricio Macri se hará cargo de 2/3 por lo que $100.000 millones tendrán que ser absorbidos por las provincias, es decir, serán ellos los que tendrán que recortar esa suma de las transferencias que reciben del Ejecutivo.


Las claves del ajuste presupuestario que impactará en la economía de 2019

Esa cantidad de dinero, sumado a lo que ya publicó en exclusiva Big Bang sobre los cambios en el Fondo de Solidaridad Sojero, el Fondo de Incentivo Docente, el FONAVI y la modificación de los cambios en las jubilaciones de privilegio en zonas australes, forma parte de un paquete que cada uno de los gobernadores negocia con sus respectivos pares.

Una de las reuniones de todos los ministros de Economía provinciales con las autoridades nacionales.

En los últimos encuentros de los ministros de Hacienda provinciales, el de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, propuso que el porcentaje que tendrá que hacerse cargo cada una de las provincias sea igual al que reciben por coparticipación federal . Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los fondos para la coparticipación federal pero sólo recibe el 23%, la Ciudad otorga el 20% de dicho dinero y recibe transferencias por casi el 7%.

Con esa lógica, por ejemplo, el distrito que gobierna María Eugenia Vidal tendrá que suplir la merma de 23.000 millones de pesos de transferencias que le realiza la Nación mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tendrá que hacer lo propio con $7.000 millones. A ambos hay que sumarle además cerca de $2.000 millones como consecuencia del traspaso de Edenor, Edesur y la tarifa social de Aysa que, según fuentes consultadas, “fue más un gesto que una medida de impacto” en las arcas de cada una de dichas jurisdicciones.

 

Vidal, Larreta y Frigerio a la salida de una de las reuniones de la coordinación nacional de Cambiemos.

“Es una posibilidad, es algo que se planteó en una de las últimas reuniones que hubo en Buenos Aires. Pero de ahí a adoptarla, es otra cosa”, le dijo a Big Bang uno de los ministros de Hacienda de las provincias del interior. Las reuniones continuarán de forma asidua durante todo agosto debido a que el 16 de septiembre se estima que se enviará el Presupuesto al Congreso. A la par cada una de las administraciones provinciales hará lo mismo en sus respectivas legislaturas.

En la Casa Rosada sostienen que las provincias ahora no deberían dar un motivo para no buscar un acuerdo debido a que en su conjunto recibieron hasta más de un 50% de aumento en transferencias de forma real. Párrafo aparte la provincia de Buenos Aires a la que se le suman además, en 2019, $65.000 millones correspondientes a la actualización del Fondo del Conurbano.

El aumento en el porcentaje que recibió por coparticipación cada una de las provincias.

De no lograr un consenso en esa materia, en el Ejecutivo ya manejan dos escenarios diferentes. La primera es que sea el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Nicolás Dujovne, junto con la cartera de Interior, Obra Pública y Vivienda, que encabeza Rogelio Frigerio, quienes determinen cómo será el recorte en las provincias, se envíe el Presupuesto y se busque aprobar a la fuerza con los votos propios que tenga Cambiemos más algunos aliados eventuales.

La segunda opción en el escenario de no conseguir un acuerdo es prorrogar el Presupuesto 2018 sobre la base de las estimaciones de inflación y con el recorte que se pactó. Ninguna de las dos cuentan con un aval absoluto en Balcarce 50, sino que son medidas de contingencia en el eventual caso de que se caiga la negociación.

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